El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea ha significado enormes oportunidades comerciales, económicas, política, y en el campo de la cooperación científica y tecnológica para nuestro país. Sin embargo, este Acuerdo también implica desafíos y obligaciones.

Una de estas obligaciones dice relación con la protección y promoción de la propiedad intelectual. En este ámbito Chile no ha cumplido con las expectativas de sus socios europeos, al actuar como una nación que cobija la piratería y que no cuenta con normas jurídicas que sancionen este tipo de acciones. Lo anterior ha provocado pérdidas económicas a los países que han decidido crear fuentes de trabajo, ampliar la oferta cultural y crear una sana competencia en cuanto a la calidad autoral y editorial en nuestro país.

Un ejemplo que grafica lo poco que hemos avanzado en dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales, es que entre un 25 y un 30 por ciento del mercado nacional es de libros pirateados, moviendo anualmente cerca de 25 millones de dólares.

Actualmente resulta irrisoria la benevolencia de la ley vigente donde la piratería posee una pena de presidio de 61 a 540 días y que por ende hablamos normalmente de una pena remitida que se cumple en libertad, mientras que cualquier robo tiene una pena de 5 años y un día.

Esta misma situación ha llevado al Premio Nacional, Jorge Edwards a presentar una querella criminal contra todas las personas que resulten responsables de la falsificación de su última obra “El Inútil de la Familia”. Resulta una vergüenza para el país, que lleguemos a este tipo de situaciones en que los escritores se ven obligado a desfilar por los tribunales para defender y proteger sus derechos más esenciales.

Ante la grave desprotección a la propiedad intelectual en nuestro país y luego de años de exigencias de creadores y productores culturales, el Gobierno ha respondido con una proyecto de ley que no cumple su objetivo principal, el establecer sanciones realmente efectivas para quienes vulneran los derechos de autor. Sólo basta revisar el proyecto de ley en curso conocido como proyecto de “ley corta antipiratería” en que se propone disminuir todavía más las penas a los delincuentes y establecer la posibilidad de imponer en su reemplazo sólo sanciones pecuniarias.

Chile ya no se está comportando como una contraparte responsable en materia de protección intelectual y lo saben claramente los empresarios chilenos a quienes cotidianamente se lo hacen notar sus pares de otros países.

La Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual, ya maneja cifras alarmantes para las editoriales europeas y americanas presentes en el país, ya que, según sus datos, las pérdidas ocasionadas por piratería crecieron un 61% en el 2004 y ya ascienden a una cifra todavía mayor a la ya señalada.

Lo anterior ha generado que la Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual solicite a las autoridades estadounidenses incluir a Chile en la categoría “observación prioritaria”, por la falta de respeto a la propiedad intelectual que presentamos. Esta categoría es verdaderamente deplorable y no se relaciona con la seriedad con que el país ha enfrentado otras áreas del quehacer productivo, económico y social.

Ser sancionados nos debe hacer reaccionar y reflexionar, ya que el desarrollo de un país no sólo se demuestra a través de lo que una economía establece y grandes proyectos tecnológicos, sino que se engrandece y permanece existe una estimulación y protección real sistemática a los derechos emanados de la creación intelectual.

Es tiempo que la comunidad nacional trabaje por una buena educación ciudadana basada en la conciencia de que la piratería efectivamente es un robo. Esta iniciativa parte por las primeras autoridades del Estado que deben comprender a estas alturas, que la piratería es hoy un grave problema país y no sólo un asunto que afecta a un sector de la sociedad.